Desde
México
23/Marzo/2013
Maestros
Aguerridos, Gobernante Ambiguo
Rodrigo
Huerta Pegueros
No
es la primera vez que el gobierno del estado a través de funcionarios de primer
nivel o directamente del propio gobernador, Ángel Heladio Aguirre Rivero, han
advertido y amenazado al magisterio guerrerense, sean estos de la fracción
institucional (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) o de la
disidencia (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la educación de Guerrero),
de que día en que no den clases no se les cubrirán sus salarios o que serán
detenidos por cometer diversos delitos del orden común o federal, sea esto
por bloquear carreteras o casetas de cobros federales o
por impedir accesos a los edificios públicos del gobierno estatal.
Durante
el actual periodo gubernamental—iniciado en el mes de Abril del 2011—los
maestros han realizado infinidad de actos que contravienen las normales legales
y es la fecha en que el gobierno no ha aplicado la ley tal y como lo han
advertido tanto funcionarios como el propio ejecutivo estatal.
Un
ejemplo reciente de lo que decimos son las marchas que escenificaron los
maestros en protestar por la reforma educativa, en defensa de la gratuidad de
la educación y sus derechos laborales.
Los
argumentos esgrimidos por los mentores estatales son que, tanto la gratuidad educativa como
sus derechos laborales adquiridos están siendo amenazados por las reformas
recientemente aprobadas por los legisladores federales.
Ante
estos argumentos del magisterio las autoridades federales y estatales solo
tienen como respuesta las amenazas de represión, lo cual no solo es criticable
sino condenable, pues los movimientos sociales deberían ser tratadas como
problemas que pueden tener solución por la vía del diálogo y no por la fuerza
coercitiva del Estado.
Lo
que hemos visto durante este gobierno dizque de izquierda, es una ambigüedad
absurda y una deficiente comunicación gubernamental, pues los ciudadanos
desearían que el gobernador cumpliera su palabra y que esta fuese respetada por
sus propios subalternos, los cuáles, por cierto, se apresuran a desmentirlo y a
dar versiones contrarias y encontradas, lo cual promueve una enorme confusión
entre los ciudadanos y produce una algarabía entre los maestros que siguen
haciendo de las suyas, sabiendo de antemano que no serán reconvenidos por los
actos efectuados, aunque estos afecten intereses de terceros, del espacio
público o privado.
Las
marchas de protestas que tuvieron como escenario el puerto de Acapulco el
pasado lunes 11 de Marzo afectaron en forma mayúscula la vida cotidiana de los
acapulqueños, ya que las autoridades de los tres niveles de gobierno no
movieron un dedo para que la afectación fuese menor y dejaron que los maestros
hicieran y deshicieran a sus anchas en esta ciudad donde el turismo es la
divisa preponderante.
¿Hasta
cuándo el gobierno estatal hará valer la ley, la cual dice que no es
negociable?
No
queremos que se llegue a la represión física, sino que se aplique la ley en la
materia. Si son maestros y se les paga por dar clases, pues cuando esto no
ocurra, no tienen porque percibir salario alguno. Y si durante las
movilizaciones a las cuáles tienen derechos todos los ciudadanos de este país
para protestar por lo que creen que son violaciones a sus derechos y garantías
individuales, cometen desmanes y afectan intereses de terceros y destrozan
mobiliario público o privado, los vándalos deberán ser llevados ante los
representantes de la ley para que respondan por los hechos cometidos.
Pero
no se puede jugar al justiciero de dientes para afuera. Tampoco se puede
asustar con el petate del muerto, sobre todo cuando este petate ha sido usado
en infinidad de ocasiones y no solo en contra del movimiento magisterial sino
contra otros grupos sociales.
En
conclusión, el gobierno del estado deberá replantearse su forma de comunicación
con el resto de la sociedad y debe analizar y evaluar cada amenaza que haga
pública a fin de cumplirlas y no caer en ambigüedades absurdas.
Si
la ley no se negocia, entonces habrá que aplicarla ya. El diálogo sirve siempre
y cuando este se utilice en tiempo y forma y no como herramienta para invalidar
los actos de justicia.
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